Alfonso Durazo, senador electo por Sonora y próximo secretario de seguridad pública federal, piensa igual que Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México: el Ejército no debe salir de las calles hasta en tanto las policías civiles estén debidamente capacitadas. Más que coincidencia de posturas, esto significa que en el país, en doce años, la política de seguridad no ha cambiado. Vaya, tampoco ha dado resultados.

Con unos ocho años de diferencia, así las declaraciones de los personajes:

“Estaremos retirando al Ejército a los cuarteles en la medida que vayamos capacitando y profesionalizando a las policías, es un proceso paulatino, estimo que en el transcurso de tres años pudiéramos tener un retiro relevante de los militares”, dijo hace unos días Durazo.

“Mientras no se constituyan 32 cuerpos policiales confiables, capaces, profesionales y eficientes, el Ejército y la Marina continuarán en el combate al crimen organizado”, reflexionó por allá de 2010 Felipe Calderón.

Fue precisamente el panista michoacano quien en enero de 2007 inició con la encomienda a las fuerzas armadas para perseguir al narcotráfico y el crimen organizado, lo hizo porque, efectivamente, las policías locales y la federal, estaban harto corrompidas por los capos de la droga y los criminales notorios.

La corrupción continúa.

Ciertamente Felipe Calderón Hinojosa desarrolló a partir de la secretaría de seguridad pública, un procedimiento de control, evaluación y confianza, que medianamente ha inspeccionado a los elementos de seguridad pública en el País, no es pues infalible, los policías suelen aprovecharse de las reglas para hacerlo en tal o cual dependencia, dado que por lo menos tres están autorizadas para practicar los exámenes, además han aprendido a salvar en los vericuetos legales, el trabajo, ampararse o ir por la reinstalación.

Durante los casi seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto el programa no se perfeccionó, vaya no se le adicionaron mediciones que hicieran el sistema más efectivo, o contribuyeran al sustento legal para que las bajas por deshonestidad, corrupción o inflitración, fueran determinantes, realmente en este sexenio se hizo muy poco o nada, por la depuración policíaca, las garras de la millonaria corrupción de narcotraficantes y criminales siguen más presentes que antes.

Este ha sido el sexenio perdido en el combate a la violencia y la inseguridad que azotan al país. El presidente Peña no se pronuncia sobre la inseguridad, y el tema de la seguridad fue relegado a una comisión dentro de la secretaría de gobernación que dé inicio tituló Miguel Osorio Chong, cuya idea de seccionar el país en regiones, quizá emulando a las que componen el despliegue del Ejército, no sirvió de mucho pero sí incrementó la alerta de violencia en todas las zonas de México. Al igual que Calderón, Peña ordenó a sus subalternos aprehender a Joaquín Guzmán Loera y de ahí a otros capos, incluso identificados como los más buscados en el ámbito nacional y local.

Ninguno de los dos presidentes complementó la estrategia operativa de seguridad con un reforzamiento del ministerio público para hacer precisas y eficientes las investigaciones en torno a los cárteles de las drogas, y la participación de las policías en ello, con el fin de poner un claro ejemplo: quien desde el estado sirve al crimen, se castiga. Tampoco modificaron para darles más facultades y herramientas a las áreas de investigación y combate del lavado de dinero en la secretaria de hacienda y crédito público y en la propia procuraduría general de la República. Mucho menos se concentraron en la investigación de inteligencia para desmantelar las cientos de células criminales que tienen a la sociedad acorralada, a las empresas extorsionadas y a muchos mexicanos emprendiendo el éxodo.

Así pues, en doce años nada ha cambiado en las políticas públicas de combate al crimen organizado y al narcotráfico, aun con diferentes aunque parecidas palabras y estructuraciones de frases, lo que dice hoy Alfonso Durazo lo dijo en el pasado Felipe Calderón.

Sin embargo, aun con una política pública reciclada, Alfonso Durazo se ha comprometido a que en los primeros tres años del gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, disminuirá los homicidios en un rango que presume del 30 al 50 por ciento. Ciertamente las ejecuciones son el delito más visible del narcotráfico y el crimen organizado, el presidente Peña terminará su sexenio con más de 150 mil ejecutados (lleva  más de 130 mil), pero la madre de todos los problemas generados por la inseguridad es la corrupción, la corrupción institucional que inicia en las policías de aproximación, sigue a las investigadoras, a las ministeriales sin dejar de lado las preventivas. Ningún cartel, ninguna estructura criminal sobreviviría sin el apoyo logístico de las policías.

El principal reto de Durazo será precisamente hacer de la depuración policiaca una cruzada nacional, para quitarle las corporaciones al narco y comenzara perseguirlos, a investigarlos para detenerlos y que sean juzgados, tanto ellos como sus asesinos, sus financieros, los antenas y los secuestradores, los extorsionadores y los ladrones, a toda la gama de delincuentes que integran el crimen organizado.

En México habrá unos 275 mil elementos de las corporaciones policíacas civiles, más unos 330 mil elementos de las fuerzas armadas, depurarlos, significará al próximo gobierno una tarea de enorme responsabilidad y minuciosa laboriosidad en términos de auscultación y procesamiento, pero una labor esencial y de extrema urgencia para erigir y ejercer el Estado de Derecho.

La corrupción en las corporaciones policiacas en México se está desbordando. En el colmo de la deshonestidad los policías han aprendido incluso, como transar con los criminales o aprovecharse de las redes más ínfimas de la cadena criminal. Hace no mucho tiempo, una persona se comunicó al semanario ZETA. Era narcotraficante, y lo único que quería –dijo- era denunciar a unos policías federales que le estaban robando su droga de manera sistemática. El hombre aseguró que ya no aguantaba más a esos corruptos que le quitaban su droga y le afectaban su negocio.

Independientemente de los valores torcidos del criminal que obviamente no proporcionó sus datos generales, la policía está tan corrompida, que ya no tiene límites. Utiliza la “charola” para robar, extorsionar o corromper a los corruptores.

Ese será el principal reto de Alfonso Durazo, depurar a las policías, sacar a los corruptos y fortalecer las condiciones de trabajo de los policías honestos que aún quedan por ahí. Si de entrada no vemos una cruzada por la depuración de las corporaciones policíacas, la estrategia no funcionará, como sucede desde hace doce años, la inseguridad continuará su escalada.

Adela Navarro Bello

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